Vivir en Estados Unidos es el sueño de muchas personas que cruzan la frontera de ese país por diversas razones, pero adquirir la ciudadanía es una verdadera pesadilla. Por eso, se estima que 11 millones de inmigrantes viven allí sin ciudadanía. Ahora el Senado norteamericano aprobó comenzar el debate de manera oficial. El resultado de la votación para discutirlo es alentador: 82 a 15. Esto es solo el comienzo. Después del Senado será la Cámara de Representantes, dominada por el partido Republicano y después una comisión, después el Presidente. Pero el camino es mucho más largo y demorado de lo que nadie se imagina. Sobretodo cuando tanta gente tiene algo que opinar, o enmendar. 300 enmiendas aproximadamente se espera que se le haga a este proyecto. Por ejemplo, un senador de origen cubano, que parece estar muy preocupado por quién entra y quién no a Estados Unidos, pero poco dice de la Ley de Ajuste Cubano, que sí promueve la inmigración ilegal, quiere promover una enmienda para exigir que quiénes se hagan ciudadanos hablen, lean y escriban fluidamente en inglés.
Pero quizás el principal escollo será el condicionamiento de algunos que piden más dinero para la seguridad en la frontera, aunque ya el proyecto incluye 6.500 millones.
Tanta algarabía para discutir formalmente el tema haría pensar que lo que se está proponiendo es un cambio verdaderamente radical. Apenas se intenta legalizar el estatus migratorio de los 11 millones de indocumentados. Todas esas personas están en riesgo constante de ser deportadas, aunque hayan vivido buena parte de su vida en Estados Unidos, y no importa tampoco, por ejemplo si tuvieron hijos allí que son norteamericanos.
La necesidad de reformar integralmente el sistema migratorio ya se convierte en una urgencia, porque la legislación tiene poco que ver con un país que depende del trabajo de tantos inmigrantes.
Una urgencia que tiene implicaciones políticas. La comunidad hispana se ha convertido en una minoría determinante en las elecciones. Barack Obama tiene mucho que agradecerle a los millones de latinos que volvieron a votar por él en noviembre. Hacer por los inmigrantes no solo favorecerá a los demócratas también los republicanos recuperarían influencia en ese sector si impulsaran la propuesta. Los burócratas de Washington deberían pensar en ciertos beneficios, si 11 millones de indocumentados adquieren la ciudadanía americana, serán 11 millones de personas que pagarán impuestos, que siempre le viene bien al gobierno.
La realidad es que ser indocumentado en Estados Unidos implica muchos riesgos y dificultades, trabajan por bajísimos salarios y no se les asegura cobertura de salud y pueden ser deportados en cualquier momento. 11 millones de personas que viven así en un país que se beneficia con creces del trabajo de esos inmigrantes. Ahora comienza el debate formal en el Congreso, pero mucho indica que el proceso será largo y tendido. Habrá que esperar entonces el deseado cambio en la política migratoria que de darse sería la primera de este tipo en toda una generación.
Legalización de indocumentados
La situación de estos inmigrantes indocumentados que entraron legalmente a Estados Unidos es un poco diferente. Los que tienen un familiar inmediato que es ciudadano americano podrían legalizarse y así adquirir la green card.
Es decir, esta norma beneficia a aquellos indocumentados que entraron legalmente y que están casados con un estadounidense, o son hijos de un ciudadano y tienen menos de 21 años o tienen hijos americanos mayores de 21 años.
Pero en todos los demás casos, incluidos los que tienen hermanos estadounidenses o han encontrado una empresa que estaría dispuesta a hacerles los papeles, no hay camino hacia la legalización.
Y al igual que ocurre con los indocumentados que no entraron por un puerto de entrada, los inmigrantes sin estatus que sí entraron legalmente tienen la posibilidad de acceder al ajuste de estatus en casos de violencia doméstica, supuestos contemplados en los procedimientos de asilo o en las visas T y U y también en los ajustes ordenados por una corte en los casos judiciales de deportación.
Asimismo, los dreamers podrán pedir una semi-legalización y los inmigrantes indocumentados en esta situación podrían verse favorablemente afectados por las revisiones que se están llevando a cabo de los procesos abiertos de deportación. En este último caso, los beneficiados no tendrán acceso ni a un permiso de trabajo ni a un ajuste de estatus pero no serán expulsados del país.
